El rol de los “paraísos fiscales” en facilitar los flujos financieros ilícitos y sus consecuencias desde una perspectiva de género

Foto: Pablo Boron

Nota publicada originalmente por Verónica Grondona en vgopinion.wordpress.com

 

El 19 de febrero, en Ecuador se votó, durante las elecciones presidenciales y legislativas, un referendo popular sobre la posibilidad de prohibir a los funcionarios públicos tener bienes o capitales en paraísos fiscales, para ejercer los cargos públicos.

Esta iniciativa de carácter nacional, es dispuesta por el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, en simultáneo con otra iniciativa internacional también liderada por Ecuador.

La República de Ecuador ha presentado la propuesta de creación de un cuerpo tributario internacional en el marco de las Naciones Unidas. El objetivo es el de crear un órgano en el marco de Naciones Unidas que posibilite un mayor involucramiento de las Naciones Unidas en combatir los flujos financieros ilícitos y en la cooperación fiscal internacional a nivel intergubernamental.

Esta propuesta es defendida -y ha sido presentada sin éxito en el pasado- por innumerables organizaciones no gubernamentales que abogan por la justicia fiscal, académicos que investigan sobre los flujos financieros ilícitos, la fuga de capitales, y la evasión y elusión tributaria internacional; pero requiere del apoyo de los gobiernos para poder prosperar.

¿Qué son los “paraísos fiscales”?

Los “paraísos fiscales” son jurisdicciones que deliberadamente crean un marco tributario y legal que facilita las transacciones llevadas a cabo por personas físicas o entidades legales no residentes; y en muchas ocasiones ocultar las estructuras corporativas, la propiedad de los activos o derechos. Por estos motivos son muchas veces denominadas “guaridas fiscales”, y bien podría decirse de ellas que son “cuevas fiscales”.

Los servicios de las “guaridas fiscales” son demandados con los siguientes propósitos principales: 1) el lavado de activos procedentes de la corrupción pública y privada, o crimen organizado (por ejemplo, narcotráfico y trata de personas); 2) la preservación de activos de individuos de altas riquezas netas que buscan saltearse las restricciones a la movilidad de capitales de sus países de origen y/o reducir el nivel de impuestos que pagan mediante la elusión y la evasión tributaria, o eludir ; 3) la minimización de la tasa de imposición global de las corporaciones transnacionales. Los flujos de dinero que se originan en estas operaciones suelen conocerse como “Flujos Financieros Ilícitos”.

Las revelaciones de los “ Papales de Panamá” (o “Panama Papers”, en inglés) de abril de 2016 parecerían referirse a lo servicios prestados por la firma Mossack Fonseca para facilitar los propósitos 1) y 2) descritos arriba. Digo “parecería”, porque la cantidad de información que ha sido dada a conocer públicamente no representa ni el 10% de lo que fue filtrado por la falta de protección con la que cuentan los periodistas que recibieron esta información -ellos y quien filtró la información (el “whistleblower”, en inglés)- para revelar todo el material.

Consecuencias de la existencia de los “paraísos fiscales” en la inequidad de género2

La existencia de estos servicios “offshore” y paraísos fiscales que posibilitan la evasión y elusión fiscal, el lavado de activos y la fuga de capitales, tiene diferentes efectos en la equidad de género: 1) socavan cualquier posibilidad de financiamiento para cerrar la brecha de inequidad de género y los derechos de las mujeres; 2) tiene un efecto negativo en la equidad vertical y en la progresividad del sistema tributario que afecta de manera desproporcionada a las mujeres; 3) permite el movimiento de flujos financieros ilícitos resultantes del tráfico de personas que afecta mayoritariamente a las mujeres y niñas (el 49% de las víctimas de la trata de personas son mujeres, el 21% niñas, el 18% hombres y el 12% niños; a nivel internacional, según datos de UNODC3).

En este sentido, cuando la habilidad del Estado de recaudar se encuentra disminuida, las estructuras tributarias tienden a compensar la falta de recursos mediante mayores impuestos a contribuyentes pequeños y medianos; y a las personas. Por lo tanto, cuando los Estados no atacan la evasión y la elusión fiscal, terminan beneficiando a los individuos más ricos en detrimento del resto de la población; más aún, la posibilidad de utilizar la elusión fiscal, sociedades localizadas en “guaridas fiscales” proporciona ventajas muy significativas a los grupos transnacionales por sobre las entidades locales; y ello también tiene un impacto en la inequidad de género, dado que las mujeres suelen estar sobre representadas en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Los flujos resultantes de esta explotación parecerían ser lavados utilizando las mismas estructuras, mecanismos, jurisdicciones y facilitadores que los utilizados para el lavado de otros activos provenientes de la actividad criminal; la evasión y la elusión tributaria; y la fuga de capitales.

Entre los distintos mecanismos para la colocación de los activos fruto de la trata de personas se encuentra el uso del sistema bancario formal e informal, de compañías offshore, trusts, y compañías cascara; la combinación de los fondos provenientes de la trata con aquellos provenientes de negocios legítimos; la utilización de compañías de exportación e importación para desviar las utilidades; compañías registradas en diferentes países y cuentas registradas bajo dichas compañías.

En algunos casos se ha encontrado incluso que el dinero es desviado a compañías de responsabilidad limitada, legalmente constituidas, simulando el pago de servicios de difícil verificación (una operación que también suele analizarse en el marco de la manipulación de los precios de transferencia hacia el interior de las corporaciones transnacionales para la minimización del impuesto). Tales esquemas dificultan a las autoridades locales seguir la ruta del dinero y crean una distancia entre los crímenes y las actividades ilícitas y la riqueza que generan.

A modo de ejemplo, uno de los informes del Grupo de Acción Financiera (FATF/GAFI, 2011)4 expone un caso en el que un prostíbulo vinculado con el tráfico de personas provenientes de Ucrania, Rumania y Bulgaria, para trabajar en un club de strippers utilizado como fachada de un prostíbulo; en relación con el cual se verificaron inversiones en “guaridas fiscales” y sociedades creadas para ocultar el beneficiario final, como por ejemplo el caso de dos inversión anónimas realizadas en Sud África a través de un Trust residente en Guernesey. El acusado tenía una cuenta con más de 40 millones de Libras Esterlinas provenientes del prostíbulo; y operaba otras dos cuentas en los Estados Unidos de América, que transferían sus fondos al Trust de Guernesey. desde el cual se realizaban las inversiones en Sud África.

De manera similar al caso anterior, entre los más de 11 millones de documentos filtrados en los “Panama Papers”, y los pocos casos expuesto, uno de ellos llama la atención por tratarse de un cliente de Mossack Fonseca que había sido acusado de traficar con niñas huérfanas rusas para su explotación sexual. (Stiglitz y PiPieth2016)5

El tráfico de personas también se vincula con la actividad de empresas multinacionales, muchas de las cuales han sido denunciadas a nivel internacional por explotación de trabajadores, trabajo infantil, o tráfico de personas.

Con el fin de crear una distancia entre la explotación y tráfico de personas, las empresas crean entidades intermediarias, terciarizando la etapa más precaria de la cadena (donde la mayor parte del tráfico y explotación tienen lugar).

El tráfico humano con fines de explotación laboral es combinado con otros mecanismos que son aplicados con el objetivo del abuso tributario entre fronteras y el desvío de utilidades, proporcionando un vínculo entre el tráfico de personas y los flujos financieros ilícitos.

En general, los facilitadores (bancos, asesores tributarios y legales, contadores, abogados) intentan asegurarse que se cumpla con la letra de la ley en cada jurisdicción nacional, y sacan ventajas de arbitrar una legislación contra la otra.

El marco de las discusiones internacionales

El laureado economista Joseph Stiglitz dijo en su discurso ante el Comité de Investigación de los Panama Papers del Parlamento Europeo, el pasado 16 de noviembre de 2016, que es necesario un abordaje global conjunto y tolerancia cero contra el secreto financiero.

Es decir, es necesaria una coordinación internacional. Sin dicha colaboración, los estados nacionales no tienen otro remedio que limitarse a aplicar medidas unilaterales que terminan siendo salteadas a través de las distintas técnicas de arbitraje que no hacen más que multiplicarse.

Hasta tanto ello no ocurra, el G20 en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), continuarán ocupando el rol de Naciones Unidas5, liderando la coordinación tributaria global6, con las obvias consecuencias en la desigual representación de los países centrales respecto de los periféricos. Más aún, el marco de la OCDE no permite la toma de decisiones de manera democrática; y por más inclusivo que sea el marco creado para la discusión, no integra a todos los países del mundo, ni lo hace en igualdad de condiciones.

Quizá por ello, hoy en día no existe una lista clara de “paraísos fiscales”. La OCDE creó una lista negra de jurisdicciones en el año 2000, la mayoría de las cuales fueron retiradas del listado solo dos años más tarde, luego de aceptar los estándares de intercambio de información. Para 2009, todas las jurisdicciones fueron retiradas del listado. Sin embargo, tal y como demostraron los “Panamá Papers”, muchas de las jurisdicciones que habían sido removidas de la lista en el año 2000, tales como las jurisdicciones y dependencias de países líderes de la OCDE, continuaron con las prácticas de negocio habituales. (ICRICT, 2016)

Por estos motivos, resulta de vital importancia la propuesta de Ecuador de creación de un organismo global para la regulación tributaria en el marco de Naciones Unidas, donde los países de en desarrollo puedan discutir y confrontar a los países desarrollados y proponer sus propias soluciones para una discusión global, con igual poder y derechos de voto.

1Lic. en Economía, asesora en relación con el Comité de Investigación sobre los Panama Papers en el marco del Parlamento Europeo para el Grupo Político GUE/NGL en el Parlamento Europeo, ex-investigadora del CEFID-AR, colaboradora de la Red de Justicia Fiscal para América Latina y el Caribe.

2Gran parte de lo que aquí comento fue extraído de Grondona, V; Bidegain Ponte, N.; Rodríguez Enriquez, C. (2017) Illicit Financial Flows Undermining Gender Justice, Friedrich Ebert Stiftung (FES), URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/12984.pdf

3UNODC (2014) “Global Report on Trafficking in Persons 2014”

4FATF/ GAFI (2011) Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants. URL http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trafficking%20in%20Human%20Beings%20and%20Smuggling%20of%20Migrants.pdf

5Figueroa, A. H. (2014) El plan de acción OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios. BEPS (base erosion and profit shifting). Thompson Reuters. URL: http://thomsonreuterslatam.com/2014/12/11/doctrina-del-dia-el-plan-de-accion-ocde-contra-la-erosion-de-la-base-imponible-y-el-traslado-de-los-beneficios-beps-base-erosion-and-profit-shifting-por-antonio-h-figueroa/

6ICRICT (2016) Four Ways to Tackle Tax Competition, Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT). URL http://www.icrict.org/taxcompetition/