La financiarización

Nota publicada originalmente por Pagina12

La financiarización de la economía y creciente libertad otorgada a la movilidad de los capitales registradas en los últimos 40 años están llevando al mundo a una competencia tributaria feroz alentada por el objetivo de atraer capitales a cualquier costo. De una crítica al Estado de Bienestar se ha pasado a una defensa a ultranza de las libertades individuales para que cada individuo pueda hacer lo que quiera con sus fondos y bienes. Una de esas posibilidades es ocultarlos en los escondites legales llamados guaridas fiscales.

Desde una perspectiva de izquierda sería deseable que los impuestos sirvieran como mecanismo de redistribución, demandando una mayor contribución a los más ricos para que esos fondos luego sean apropiados por quienes menos tienen y, así, reducir la brecha de ingresos. El esquema neoliberal que defiende las libertades individuales para que, por ejemplo, los más ricos no paguen impuestos omite decir que su objetivo es garantizar la continuidad de esa situación de privilegio.

Por eso, en la medida en que el neoliberalismo siga ganando batallas y el capital ocupando lugares en los gobiernos y parlamentos a nivel mundial, el mundo offshore seguirá reproduciéndose. Hoy en día, en nombre de la libre movilidad internacional de capitales las tasas de los impuestos que recaen sobre las sociedades se encuentran en una carrera a la baja, los impuestos a las ganancias de capital son eliminados, los incentivos fiscales son promovidos para los muy ricos o las empresas transnacionales y las retenciones en la fuente son abandonadas.

A lo largo de los últimos años algunas jurisdicciones como Panamá y Uruguay han ido reformando sus sistemas para más transparentes. Aunque la megafiltración de los Panama Papers puso los ojos sobre el país centroamericano donde estaba la sede el estudio Mossack Fonseca, aunque la jurisdicción no ocupa los primeros lugares en los listados de jurisdicciones secretas. Como evidencia la Red de Justicia Fiscal en su última edición del índice de Secretismo Financiero publicada este año, la mayor jurisdicción offshore es Suiza.

Pero los suizos no están solos. El Reino Unido votó en enero en contra de la propuesta de establecer registros públicos de beneficiarios finales en sus territorios de ultramar, pero en estos días tuvo que dar marcha atrás y decidir llevar adelante la iniciativa. A partir de la última reforma de la directiva anti-lavado de dinero de la Unión Europea, los Estados miembros deberán establecer registros públicos de beneficiarios finales (de accionistas finales) de empresas y el Reino Unido aún forma parte de la Unión Europea, y sus dependencias de la corona y territorios de ultramar han estado en el centro de todas las filtraciones. Entre los territorios de ultramar se encuentran las Islas Vírgenes Británicas, las cuales aparecen en el lugar número 16 en la lista de jurisdicciones opacas. El Ministro de Finanzas de las Islas Vírgenes Británicas escribió en estos días a los parlamentarios del Reino Unido diciendo que la isla tiene la libertad de decidir aquello a lo que se quiere dedicar, destacando que una medida de este tipo dejaría sin empleo a los asesores financieros de la isla. Sí, puede ser difícil para las muy pequeñas economías abiertas buscar alternativas económicas sostenibles. Sin embargo, los flujos financieros solo benefician a quienes trabajan en el sector financiero.

Si los países altamente dependientes de los recursos naturales sufren una serie de efectos de esa situación como bajos niveles de creación de empleo, elevada inequidad, reducción de las libertades políticas e inestabilidad económica; los países que son excesivamente dependientes del sector financiero sufren similares problemas. La financiarización puede desplazar la manufactura y los servicios no financieros, enclavar disparidades regionales, aumentar la dependencia económica, aumentar la desigualdad y exponer la economía a crisis violentas.

Beneficios fiscales, en la forma de exenciones e incentivos otorgados con el objetivo de atraer la inversión extranjera, no solo dejan pocos beneficios para el desarrollo sostenible de largo plazo, sino que también posicionan a las empresas domésticas en una situación de desventaja comparativa.

* Asesora de GUE/NGL en el Parlamento Europeo e investigadora del CCC.