Libre comercio y evasión

Artìculo publicado originalmente por Verónica Grondona* en Pagina12

 

Dos investigadores finlandeses, Teppo Eskelinen y Matti Ylönen, publicaron recientemente un artículo sobre Panamá y la Organización Mundial del Comercio (OMC) donde describen dos casos paradigmáticos que permiten visualizar cómo la resolución de conflictos en el marco del organismo encargado de regular el intercambio a escala mundial limita la capacidad de los países para luchar contra la evasión y elusión tributaria y el lavado de dinero. Más aún, los autores del documento demuestran no solo que los tratados de comercio bloquean la capacidad de tomar decisiones de política de los países, sino que facilitan a las guaridas fiscales resistir las medidas internacionales que se toman en contra del secreto financiero.

El primer caso es uno que afecta directamente al país. Panamá demandó a Argentina ante la OMC en diciembre 2012 cuando las autoridades implementaron una serie de medidas contra los servicios y sus proveedores provenientes de países que no intercambiaban información con el país a efectos de la transparencia fiscal (“jurisdicciones no cooperadoras”).

Varias de las medidas tomadas por Argentina, defendidas por sus funcionarios como medidas fiscales defensivas para luchar contra la evasión y elusión tributaria y el fraude fiscal, habían sido en muchos casos tomadas de recomendaciones como las del “Foro Global para la Transparencia y el Intercambio de Información a los fines Impositivos”. Se trata de normas denominadas anti-evasión y, como tales, son aplicadas tanto por países centrales como periféricos (por ejemplo, la retención en la fuente sobre intereses o retribuciones pagados, o la valoración de transacciones basada en las normas de precios de transferencia).

Panamá argumentó que estas medidas discriminaban ilegalmente a los proveedores de servicios de su país y que violaban los compromisos de la Argentina ante la OMC, en particular el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS).

El panel que evaluó las medidas aceptó los argumentos de Argentina al sostener que las transacciones con entidades de países no cooperantes facilitan la evasión fiscal a raíz del secreto brindado por esos países. Además reconocieron que la mayoría de las medidas utilizadas contribuían a salvaguardar el sistema de recaudación argentino y la prevención del lavado de dinero. Incluso, determinaron que el impacto en el comercio internacional de estas medidas era muy poco restrictivo. Sin embargo, el panel concluyó que Argentina había discriminado a los proveedores de servicios y a los servicios de países no cooperadores, y terminó fallando en contra del país.

El segundo caso es el de Colombia, quien a partir de graves problemas de lavado de dinero facilitados por Panamá, había decidido que ciertas importaciones provenientes de ese país debían realizarse únicamente a través de 2 puertos (modernos, bien equipados y cercanos a los mercados relevantes). A su vez, estableció que debían realizarse en base a precios de referencia. Panamá cuestionó todas estas políticas ante la OMC. Aunque el panel evaluador reconoció que las disposiciones habían sido tomadas para garantizar el cumplimiento de la legislación colombiana y sostuvo que las medidas eran de importancia para combatir la subfacturación del comercio y el lavado de dinero; el organismo falló en contra de Colombia forzado al país a revisar sus políticas.

El efecto de estos fallos es de un riesgo muy grande, porque  significa que básicamente todas las normas anti-evasión y anti-lavado de dinero que para la OMC tengan implicancias sobre el comercio internacional pueden eventualmente correr una  suerte similar.

Como si nuestra membresía a la OMC no fuera suficiente, los gobiernos de Argentina y Brasil se encuentran hoy intentando acelerar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Las condiciones de este acuerdo serán secretas, pero lo que es seguro es que contarán, como es la norma en este tipo de acuerdos, con restricciones para el control soberano de las empresas transnacionales. Una de esas provisiones es garantizar a estas compañías la posibilidad para operar desde cualquier país sin tener presencia física en ninguno con las consiguientes restricciones prácticas para cobrarles impuestos tales como el impuesto a las ganancias o hasta recaudar el IVA. Como la estructura estatal necesita recursos, ello inevitablemente termina en un aumento de los impuestos que pagan los ciudadanos y en una mayor imposición a los trabajadores, además de en políticas de austeridad orientadas a la reducción del gasto público.

* Asesora de GUE/NGL en el Parlamento Europeo en relación con los Panama Papers.